Todo comenzó el 27 de septiembre del 2009. La ertzaintza detuvo e incomunicó al joven gasteiztarra Ekaitz Samaniego. Seis meses después y bajo el mismo sumario, la policía del Gobierno Vasco se llevó a Adrian Donnay. Además de ser incomunicado, Adrian, Txiki, también fue torturado.
A la espera del juicio los dos fueron puestos en libertad. Libres, o libres a medias, puesto que los tuvimos entre nosotras a sabiendas de la petición penal del fiscal, que era una de ésas que condiciona la vida y el ánimo de cualquiera. El Estado decidió que el haber roto un cristal era merecedor de 14 años de cárcel más la prohibición de no poder vivir en Gasteiz durante un periodo de 5 años.
Tuvieron que llevar ese peso a sus espaldas durante un año y medio. El juicio tuvo lugar en enero del 2011. Valorándolo en términos de justicia, vergonzoso, eso sí, menuda suerte la de Ekaitz y Txiki sabiendo lo que es el pan de cada día en la Audiencia Nacional.
El juicio se llevó a cabo sin ningún tipo de garantías. No queremos alargarnos en esto, pero por mencionar algún que otro ejemplo: ¿Como puede alguien sentirse juzgado viendo la actitud de medio aburrido y medio adormilado del juez del cual depende su vida?¿Y sus familiares?¿Y sus amigos?
Y llegó la sentencia. Después de haber tenido que escuchar lo dicho tanto por parte de la prensa como de la policía, y después de haber sido torturado, Txiki quedó en libertad sin cargos. A Ekaitz, en cambio, 7 años y medio de cárcel. Un año y medio por haber roto el cristal y otros 6 por pertenecer a Segi. Hace poco hemos sabido que el Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por Ekaitz, y en vez de limitar la injusticia, no han hecho más que profundizar en ella. El Supremo ha sumado medio año por la rotura del cristal, lo que hace un total de 8 años.
A partir de este punto es necesario reflexionar. Lo que va a llevar a Ekaitz a la cárcel no es el haber roto un cristal, sino la acusación de ser miembro de Segi. Miembro de Segi, y por lo tanto, también de ETA. ¿Y cómo se ha probado éso en el juicio? Por un lado, demostrando sin lugar a dudas la afinidad del encausado hacia ETA; utilizando para ello la acusación de haber acudido a mobilizaciones públicas y legales que pedían el fin de la dispersión de los y las presas políticas vascas. Por otro lado, aportando pruebas que demuestran que Ekaitz es miembro de Segi: ¿acaso han encontrado cócteles molotov durante el registro? ¿o quizás planos para algún futuro atentado? No. La única prueba es el testimonio de un ertzaina que afirma haber visto a Ekaitz pegando carteles tres o cuatro veces durante 2008 y 2009.
Es decir: si a Ekaitz le habría dado por romper cristales estando borracho, o incluso si fuera un joven de Albacete que ha decidido quemar contenedores para calmar sus frustraciones, le juzgaría un Juzgado Provincial y no habría posibilidad alguna de acabar en la cárcel. En cambio, el sentirse euskaldun y al querer vivir de esa manera, preocupándose por los problemas de la sociedad y siendo politicamente activo, lo que sería una mera sanción económica se convierte en 8 años de cárcel.
Pero éste no es un problema aislado que tiene Ekaitz. La detención, la incomunicación, la tortura o los juicios sin garantías son el día a día de muchos jóvenes independentistas. En Euskal Herria y en Gasteiz son decenas las personas represaliadas por tenencia de pegatinas de Segi, por hacer reuniones e incluso, por llamar a mobilizaciones completamente legales. Algunas han pasado años en la cárcel, otras estan hoy en día en distintos calabozos del Estado, y muchas otras todavía esperan su juicio a pie de calle.
Pero este problema no afecta únicamente a la juventud independentista vasca. Bajo la teoría de “todo es ETA”, son decenas las organizaciones sociales y políticas ilegalizadas durante las últimas décadas. Se cuentan por centenas las personas que han acabado en la cárcel por realizar trabajos meramente políticos y sociales en dichas organizaciones. Por haber realizado ruedas de prensa, por escribir documentos para la discusión, por participar en mobilizaciones populares… al fin y al cabo, por el simple hecho de involucrarse en la lucha para conseguir una Euskal Herria independiente. De manera diferente, se nos ha abierto la posibilidad de construir distintos nuevos futuros en Euskal Herria. Para poder hacer realidad ese futuro, ¿cuando se convertirá la estrategia represiva del Estado por fin en cosa del pasado.
Por desgracia, la negación de las libertades básicas no afecta únicamente a la izquierda abertzale o a las que quieren una Euskal Herria soberana. Nos afecta a todas aquellas que queremos cambiar este modelo social dominante, seamos anticapitalistas, feministas, faborables a unos presupuestos sociales y participativos, defensoras del decrecimiento, okupas o lo que sea. Nos están robando y restringiendo todas esas herramientas que desde el movimiento popular empleamos para socializar nuestros puntos de vista: la utilización de la calle, la mobilización, la organización, la solidaridad etc. Criminalizando lo incriminalizable y a golpe de ley tratan de silenciar toda expresión crítica.
Y frente a esto, ¿que hacemos? Pues bien, seguir practicando nuestros derechos, y denunciar y organizar solidaridad hacia todas aquellas personas que sufran la represión por llevar a la práctica dichos derechos. Porque queremos garantizar todos nuestros derechos civiles y políticos. Porque seguiremos trabajando para transformar el Casco Viejo, Gasteiz y Euskal Herria. Porque no queremos aceptar el peligro que Ekaitz tiene de ser detenido y encarcelado en cualquier momento.
Por encima de policías, jueces y muros, vamos a recorrer este camino junto a Ekaitz. Cantando bertsos, participando y organizando iniciativas populares, queremos a Ekaitz provocando al poder desde Alde Zaharra. Lo queremos entre nosotras.
¡Queremos a Ekaitz en casa! ¡No más juicios políticos! ¡Gora euskal gazteria!