Esta última semana nos ha dejado diversos episodios que dejan al descubierto la actitud del Estado español ante el nuevo escenario impulsado por la Izquierda Abertzale.
Frente a los pasos dados por la Izquierda Abertzale y por diversos agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria y los compromisos adquiridos por diversos agentes a nivel internacional, queremos denunciar la cerrazón política de los que pretenden perpetuar la imposición y la negación de nuestro pueblo, manteniéndose en posiciones absolutamente inmovilistas.
Dicha cerrazón se justifica en la comodidad en la que algunos se encuentran en una situación de bloqueo, ya que anteponen sus intereses políticos cortoplacistas al interés general por abordar una resolución política y democrática del secular conflicto político entre Euskal Herria y el Estado español. El gobierno de Madrid y sus acólitos están muy lejos de mostrar la talla política que exige la situación política generada en Euskal Herria.
Así, entendemos que la Ley de Partidos es un instrumento que permite al Estado manipular la voluntad democrática de la ciudadanía vasca y que instrumentaliza la judicatura al servicio de su estrategia política. La Ley de Partidos es una más de las herramientas represivas que el Estado utiliza para condicionar la nueva era política abierta en Euskal Herria, entre las que destacan por su crudeza la flagrante utilización de la tortura, la criminal política penitenciaria que se aplica al Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos o la especial saña con la que reprimen las diferentes policías a la juventud independentista vasca.
La Izquierda Abertzale hace una apuesta nítida por avanzar en el camino de la independencia por vías pacíficas y democráticas. ¿Dónde está la apuesta por las vías pacíficas y democráticas por parte de Madrid?
Entendemos que el Gobierno del PSOE debe aceptar que la utilización de la coacción, tortura, ilegalización de partidos... no puede ni debe formar parte de su estrategia para conseguir sus objetivos políticos en Euskal Herria.
El alto el fuego permanente, general y verificable anunciado por la organización ETA en enero supone un gran avance hacia una situación de no violencia con garantías; le corresponde al Estado español garantizar una situación de mínimos democráticos que permita avanzar en la consolidación de un escenario irreversible de soluciones políticas y democráticas.
En el acto convocado por el Acuerdo de Gernika el pasado sábado se cerró la fase de socialización del acuerdo para pasar a la fase del cumplimiento del mismo. Con la decisión dada a conocer en enero, ETA ha cumplido con lo que se le exigía; ahora le toca al Estado español cumplir con lo que una mayoría social de Euskal Herria le exige.
Somos conscientes de que el Estado español no va a abandonar su trinchera política de motu propio, por ello, realizamos un llamamiento al pueblo vasco y a los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales de Euskal Herria a redoblar esfuerzos y compromisos y a continuar trabajando para entre todos y todas construir un escenario sin vulneración de derechos que permita avanzar en la normalización política y democrática de Euskal Herria.
Ezker Abertzalea
2011ko martxoak 05
